El Tribunal Constitucional ha impedido hoy que la voluntad popular se exprese por los cauces democráticos, esto es mediante el proceso legislativo que corresponde al
Congreso y al Senado, negando el derecho que tiene la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a partir de sus representantes elegidos precisamente para poder
desarrollar funciones legislativas en las Cortes Generales.

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