Izquierda Alcalareña defiende la vivienda pública, pero alerta del riesgo económico de financiar VIVE con el presupuesto municipal
La formación cuestiona el aumento de la aportación municipal a la promoción de 84 viviendas en alquiler mientras el Ayuntamiento está sometido a un Plan Económico-Financiero y pide conocer los riesgos, los plazos y las alternativas si no se llega a tiempo para recibir los fondos europeos.
Izquierda Alcalareña defiende que Alcalá de Guadaíra necesita vivienda pública y una empresa municipal capaz de promoverla. El problema, a juicio de la organización, no es construir viviendas protegidas, sino cómo se está financiando el proyecto de VIVE Alcalá y qué consecuencias puede tener para las cuentas municipales.
La preocupación se centra en que el Ayuntamiento se encuentra bajo un Plan Económico-Financiero (PEF), después de incumplir en 2025 el objetivo de estabilidad presupuestaria, y en que la financiación municipal prevista para una promoción de 84 viviendas en alquiler ha aumentado de forma considerable. Así consta en el expediente municipal 9593/2026, sobre el que Izquierda Alcalareña reclama explicaciones y mayor transparencia.
Una mayor aportación municipal y varias vías de financiación
Uno de los datos que destaca la formación es el aumento de la aportación del Ayuntamiento a la promoción de las 84 viviendas. La cantidad prevista pasa de 5.719.945,57 euros a 7.742.373,23 euros, lo que supone 2.022.427,66 euros más. Según el propio expediente, la financiación municipal pasa de representar el 14 % al 25 % del coste de la promoción.
A esta aportación se suman otras operaciones contempladas en el plan financiero: un préstamo con una entidad financiera de 8.400.359,40 euros para inversiones, un anticipo reembolsable de 6.120.000 euros correspondiente a la prefinanciación FEDER y un préstamo promotor de VIVE por 11.639.554,47 euros, con un plazo de devolución de 33 años.
La formación también llama la atención sobre la clasificación de VIVE Alcalá por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) dentro del sector de las Administraciones Públicas, código S.1313. Esto implica que, a efectos de la contabilidad nacional, su gasto y su deuda se integran en el perímetro de las administraciones públicas que la controlan, en este caso el Ayuntamiento.
Para Izquierda Alcalareña, este aspecto es importante a la hora de valorar el impacto real de la operación, porque no basta con analizar por separado las cuentas de la empresa municipal y las del Consistorio: también hay que estudiar sus efectos conjuntos sobre la estabilidad presupuestaria y la deuda.
El Plan Económico-Financiero, bajo presión
La situación preocupa especialmente por los datos recogidos en la documentación económica. Según el expediente, VIVE supera en 8,43 millones de euros su límite de gasto computable. El Ayuntamiento absorbe ese exceso utilizando el 43,84 % de su propio margen de gasto no financiero.
Además, el margen de equilibrio previsto en el Plan Económico-Financiero es de solo 43.843,25 euros y, según el informe de Intervención, depende de una inejecución prevista de 69.795.929,36 euros. Es decir, el cumplimiento del plan está condicionado a que no se llegue a ejecutar una parte muy elevada del gasto presupuestado.
La propia Intervención advierte de que, si esa inejecución no se produce, «podría constatarse un nuevo incumplimiento» de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.
A este escenario se añade el calendario de los fondos europeos. La ayuda Next Generation, por importe de 3.791.025 euros, exige que las obras se inicien antes del 31 de diciembre de 2026. A estas alturas de octubre, queda menos de diez semanas para alcanzar ese plazo.
La explicación del Ayuntamiento
El Ayuntamiento sostiene que recurrir a los fondos Next Generation permite evitar un endeudamiento que financiaría el 37 % del coste de la promoción y ahorrar 4.901.433,76 euros en costes financieros. Según su planteamiento, ese ahorro compensaría el aumento de 2.022.427,66 euros en la aportación municipal.
También señala que el Plan Económico-Financiero, aprobado por la Junta de Andalucía el 22 de mayo de 2026, contempla la posibilidad de realizar modificaciones de este tipo siempre que no supongan un incremento neto del gasto no financiero.
Izquierda Alcalareña considera que estos argumentos deben analizarse junto al conjunto de los datos económicos y a los riesgos que aparecen en los propios informes municipales. La cuestión, sostiene la formación, es saber si el Ayuntamiento puede asumir la operación sin poner en peligro el cumplimiento del plan financiero y qué ocurriría si los plazos de ejecución no se cumplen.
Dos escenarios que necesitan una respuesta
A juicio de IZ-AL, el calendario de las obras plantea dos posibles escenarios. Si se inician a tiempo para cumplir los requisitos de los fondos europeos, habrá que determinar cómo se absorbe el incremento de gasto municipal dentro de unos márgenes presupuestarios muy ajustados. Si no se ejecutan a tiempo, existe el riesgo de perder esa financiación y retrasar la construcción de las viviendas.
La organización considera que ninguna de estas posibilidades puede abordarse sin información clara y sin una planificación económica que permita conocer sus consecuencias. Por eso, reclama al Ayuntamiento:
- Un informe público sobre el riesgo económico total de VIVE Alcalá, que incluya las aportaciones municipales, el préstamo promotor y los anticipos, y detalle sus efectos sobre la estabilidad presupuestaria y la deuda entre 2026 y 2029.
- Un escenario alternativo que explique qué medidas se adoptaría si las obras no pueden iniciarse antes del 31 de diciembre de 2026 y se pone en riesgo la financiación europea.
- La documentación de los ajustes presupuestarios necesarios, conforme a la Disposición Adicional Sexta del Presupuesto de 2026, así como la publicación de los informes trimestrales de seguimiento del Plan Económico-Financiero.
Rubén Ballesteros, responsable económico de Izquierda Alcalareña, resume la posición de la organización: «Estamos a favor de la vivienda pública y de que exista una empresa pública que la construya, porque hace falta. Lo que no compartimos es financiarlo todo desde el presupuesto municipal mientras el Ayuntamiento está bajo un Plan que depende de que no se ejecuten casi 70 millones».
Izquierda Alcalareña insiste en que la necesidad de vivienda protegida no está en discusión. Lo que pide es que el proyecto se desarrolle con una financiación viable, con plazos realistas y con información pública suficiente para que la ciudadanía pueda conocer sus costes y sus posibles consecuencias para las cuentas municipales.
***.Documentación de referencia: expediente municipal 9593/2026; informe de Intervención de 7 de julio de 2026; acuerdo plenario de 15 de septiembre de 2026; Resolución de 22 de mayo de 2026 de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social
