Izquierda Alcalareña hace públicas hoy fotografías del interior de contenedores marrones de fracción orgánica instalados en Alcalá de Guadaíra que muestran su contenido real: bolsas negras de basura general, bolsas de plástico, cartones, botellas, envases y residuos mezclados de todo tipo. No hay prácticamente nada que corresponda a fracción orgánica, que es el único residuo que debe depositarse en estos contenedores.
La causa es directa: AIRA Gestión Ambiental, empresa municipal responsable de la gestión de residuos, decidió dejar los contenedores marrones abiertos sin cerradura electrónica activa y sin tarjetas de identificación de usuario durante la fase de implantación. Las tarjetas, según los propios comunicados de AIRA, no estarán disponibles hasta octubre de 2026. Esto significa que cualquier ciudadano puede depositar cualquier residuo en estos contenedores sin control alguno, y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
El resultado es un desastre ambiental documentado. El contenedor marrón, diseñado exclusivamente para restos de comida, frutas, verduras y pequeños restos de jardinería, se ha convertido en un nuevo punto de vertido indiferenciado. Lejos de educar al ciuda dano en el reciclaje selectivo, el sistema abierto ha creado exactamente el problema contrario: un contenedor específico de orgánica que nadie usa como tal.
TRES AÑOS DE INACCIÓN PEDAGÓGICA
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, entró en vigor en mayo de 2022. Establece expresamente que las Entidades Locales
tienen la obligación de desarrollar programas de comunicación, sensibilización y educación ambiental para garantizar el uso correcto de los sistemas de recogida separada.
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra tuvo tres años completos —de 2022 a 2025— para preparar a los ciudadanos en el uso correcto de los contenedores. No hizo nada. La implantación del contenedor marrón comenzó en mayo-junio de 2025, sin campaña educativa previa de calado, y el resultado está en las fotos.
Izquierda Alcalareña presentó alegaciones en noviembre de 2025 advirtiendo precisamente de este riesgo: aprobar una tasa vinculada a un sistema sin educación previa y sin infraestructura operativa conduciría al fracaso pedagógico del reciclaje. El Ayuntamiento ignoró esas alegaciones. Las fotos de hoy demuestran que la advertencia era completamente fundada.
SIETE MESES COBRANDO UNA TASA POR UN SISTEMA QUE NO FUNCIONA
Desde el 1 de enero de 2026, el Ayuntamiento cobra a todos los vecinos de Alcalá de Guadaíra una tasa de residuos sólidos urbanos en el recibo del agua de EMASESA. La tasa se justifica en un sistema de bonificaciones por reciclaje individual vinculado a contenedores inteligentes con identificación de usuario. Siete meses después de que la tasa entró en vigor, ese sistema no funciona para ningún vecino del municipio.
La tasa lleva cobrando aproximadamente 26 euros por período de facturación a cada hogar. En ese tiempo, ningún vecino ha podido acreditar su conducta de reciclaje ni acceder a la bonificación prometida. Los contenedores tienen lector NFC instalado —visible en las fotografías, con el logotipo de la Unión Europea por ser un proyecto financiado con fondos Next Generation EU— pero ese lector no está activo. Las tarjetas de apertura no estarán disponibles hasta octubre de 2026.
La situación que muestran las fotos hace aún más evidente la injusticia del cobro: el Ayuntamiento exige a cada vecino pagar por un sistema de reciclaje individualizado que no existe, mientras los contenedores de orgánica se llenan de basura general porque nadie los usa correctamente al estar abiertos y sin control.
UNA ACTUACIÓN QUE PUEDE CALIFICARSE DE NEGLIGENTE
La decisión de AIRA Gestión Ambiental de abrir los contenedores de orgánica sin activar la cerradura electrónica ni repartir las tarjetas no es un problema técnico menor. Es una decisión de gestión que ha tenido consecuencias ambientales directas y documentadas.
En primer lugar, destruye la finalidad ambiental del sistema: los contenedores de orgánica recogen basura general, lo que inutiliza la fracción orgánica para su tratamiento como compost o biogás. En segundo lugar, genera un problema de impropios que el propio proyecto reconoce como objetivo a reducir por debajo del 10%, cuando la realidad visible supera ampliamente ese porcentaje. En tercer lugar, habitúa a los ciudadanos a un uso incorrecto del contenedor que será muy difícil de corregir cuando el sistema de tarjetas entre en funcionamiento en octubre.
La Ley 7/2022 establece que las Administraciones Públicas deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta separación en origen de los residuos. Dejar abiertos y sin control los contenedores específicos de orgánica durante meses, en ausencia de una campaña de sensibilización efectiva, puede considerarse un incumplimiento de esa obligación legal.
LO QUE EXIGE IZQUIERDA ALCALAREÑA
Ante esta situación, Izquierda Alcalareña exige al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra:
Primero. Que explique públicamente por qué decidió dejar los contenedores de orgánica abiertos sin sistema de identificación activo, y qué medidas va a adoptar para corregir el uso incorrecto que se está produciendo.
Segundo. Que adelante la fecha de activación de la cerradura electrónica y el reparto de tarjetas, actualmente previsto para octubre de 2026, para evitar el deterioro continuado de la fracción orgánica recogida.
Tercero. Que ponga en marcha de forma inmediata una campaña de educación ambiental efectiva, con presencia en los puntos de depósito, que explique a los ciudadanos qué se puede y qué no se puede depositar en el contenedor marrón.
Cuarto. Que suspenda el cobro de la tasa de residuos o aplique una bonificación general a todos los vecinos mientras el sistema de identificación individual no esté plenamente operativo con cobertura real para la totalidad del municipio.
Izquierda Alcalareña comunica que FACUA Sevilla está estudiando su implicación en la defensa de los vecinos afectados.
