Desde Izquierda Alcalareña valoramos positivamente que la Fiscalía General del Estado haya tomado en consideración la denuncia presentada respecto al incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en nuestra ciudad, una cuestión que llevamos años reclamando y que continúa pendiente de ejecución por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Queremos dejar claro que para Izquierda Alcalareña existen muchas cuestiones importantes y fundamentales que afectan al día a día de nuestros vecinos y vecinas y que constituyen nuestras principales preocupaciones políticas: el acceso a una vivienda digna, la creación de empleo de calidad, la defensa de la sanidad pública, la mejora de la accesibilidad universal, la protección de nuestro patrimonio natural y de la calidad medioambiental de nuestro municipio, declaró Rubén Ballesteros, responsable institucional de IZ-AL.
Sin embargo, defender estas prioridades no significa que debamos mirar hacia otro lado ante el incumplimiento de una ley vigente. La Memoria Democrática es también una obligación institucional y un compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo, con la dignidad de quienes sufrieron la represión y la violencia durante la dictadura.
Algunos pretenden presentar estas cuestiones como incompatibles entre sí, pero la realidad es bien distinta. Un Ayuntamiento tiene capacidad para trabajar simultáneamente en múltiples ámbitos y atender todas aquellas responsabilidades que le corresponden. Cumplir la Ley de Memoria Democrática no impide construir vivienda pública, mejorar los servicios municipales o impulsar el empleo. Lo que falta no es capacidad, sino voluntad política.
Por ello, desde Izquierda Alcalareña reclamamos al responsable municipal de esta materia que se ponga de una vez las pilas y comience a ejecutar las actuaciones que llevan años pendientes. Especialmente aquellas que se encuentran más avanzadas administrativamente, como es el caso del Catálogo de Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, un trabajo ya realizado y que debe servir como punto de partida para proceder a la retirada de símbolos, elementos y referencias incompatibles con la legislación vigente, solicitó Antonio Jiménez, portavoz de memoria democrática de IZ-AL.
No es aceptable que, después de tantos años desde la aprobación de las distintas normativas de memoria histórica y democrática, Alcalá continúe acumulando retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones legales.
La democracia se fortalece cuando las instituciones cumplen las leyes y cuando se reconoce la dignidad de quienes lucharon por las libertades de las que hoy disfrutamos. Por ello seguiremos exigiendo el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Democrática, al mismo tiempo que continuamos defendiendo políticas que mejoren la vida de la mayoría social de nuestra ciudad, continuo Miguel Durán, secretario de organización de IZ-AL.
Porque Alcalá necesita más vivienda pública, más empleo, mejores servicios públicos, mayor protección ambiental y también una verdadera política de memoria democrática que cierre de una vez las asignaturas pendientes que arrastramos desde hace demasiados años.
